Ante el perfil pandémico del virus de COVID-19, la población en general de nuestro país y los distintos sectores sociales, políticos y económicos, han esperado y reclamado la determinación de una política pública integral. Pero, ¿qué se ha hecho o no hasta ahora?

Las políticas públicas son la determinación de objetivos, metas y lineamientos para la atención de los retos que enfrenta la Nación. No toda decisión del ejecutivo es una política pública; la política pública debe involucrar la actividad de un sector de la Administración pública o de toda ella. Esta determinación política se ejecuta por medio de la acción de la Administración pública, de esquemas financiero-tributario, de iniciativa de ley, y en general, de los instrumentos jurídicos, financieros y políticos con que cuenta el ejecutivo federal, que es quién constitucionalmente señala las políticas públicas.

Es por este motivo que como consecuencia de la pandemia internacional que hoy enfrentamos, la sociedad ha esperado la determinación de una política pública integral que contemple la atención de los aspectos sanitario, laboral, fiscal, financiero y social de la crisis ya asentada y creciente provocada por el coronavirus. Dejando de lado las incertidumbres y rumores, echemos un vistazo somero a las determinaciones que sí han sido emitidas en lo que podríamos entender como la política pública emitida para atender la pandemia.

La política pública, hasta ahora, estaría contenida en tres instrumentos:

1. El decreto de 27 de marzo de 2020, emitido por el señor Andrés Manuel López Obrador, en el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus de COVID-19.
2. El acuerdo del 30 de marzo emitido por el Consejo de Salubridad General, que declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia.
3. El acuerdo del 31 de marzo por el que el secretario de Salud estableció acciones extraordinarias para la atención de la emergencia sanitaria.

El decreto del señor López Obrador y el acuerdo del secretario de Salud son constitucionales e imponen las medidas de afectación a las personas y a sus derechos; no obstante, también es cierto que las medidas que contienen son pertinentes a la atención de la calamidad, por lo que no sería afortunada su impugnación.

Por lo que se refiere al acuerdo del Consejo de Salubridad General, que constitucionalmente tiene la competencia de dictar medidas sanitarias en forma de normas generales e impersonales, resultó en una declaración de emergencia sanitaria y delega en el secretario de Salud el dictado de las medidas conducentes.

Veamos algunas medidas concretas adoptadas:

En lo sanitario

• En este campo, la política lanzada por la Administración se enfoca, esencialmente, en la prevención mediante el distanciamiento social y la suspensión de toda actividad pública y privada, con la salvedad, naturalmente, de las actividades sanitarias, de seguridad y de alimentación.
• En cuanto a los enfermos, se dispone su aislamiento.
• Internamente se instruye a la estructura orgánica de la Administración a concentrar sus actividades y recursos humanos, materiales y financieros a la atención del padecimiento, incluso cuando no se señalan lineamientos y estrategias para hacerlo.
• Por lo demás, no hay criterios acerca de la aplicación de pruebas de detección, ni de metodología alguna para la contabilización de enfermos, pruebas practicadas, defunciones, etcétera.

En lo laboral

• Debido a la restricción sobre toda actividad no relacionada con la atención de la sanidad y la alimentación, un sin número de empresas, de toda condición y dimensión habrán de suspender actividades.
• Esto trae la incógnita de qué hacer con los trabajadores.
• La Ley Federal del Trabajo prevé que ante una contingencia el patrón puede mandar a descansar a sus trabajadores, cubriéndoles únicamente un mes de salario mínimo. Esta omisión lingüística tiene el propósito abierto de que los patrones continúen cubriendo los salarios.
• Desde luego, es un innegable ideal, pero lo cierto es que en una inmensa mayoría de los casos es irreal. ¿Qué va a suceder? Imposible saberlo, pero el pago al cien, no será la tónica mayoritaria. El temor, muy fundado, es que sobrevengan muchos fracasos mercantiles, con el consiguiente daño social.

En lo fiscal

• No hay previsión alguna. La Administración espera que todos paguen las contribuciones a su cargo para así contener un poco el impacto económico que nos dejará esta situación.
• La mayoría de los bancos comerciales han tenido otra visión y están ofreciendo condiciones generalizadas de quita y espera.
• Es una expectativa general, que la cabeza de la Administración pública proponga medidas adicionales que cubran los aspectos no atendidos.
• Aunado a lo anterior se otorgarán pequeños créditos para micro empresas y se espera que para mayo inicie la inyección de recursos con el fin de reactivar la economía, sin embargo, el Presidente ha hecho hincapié en que la prioridad será el sector menos favorecido de la sociedad: las personas de escasos recursos.

Como podrás darte cuenta hay muchas acciones en torno a la actual pandemia, sin embargo, es necesario implementar medidas adicionales que blinden la seguridad sanitaria, social y financiera de los mexicanos. Si aspiras o cuentas con un cargo público, es de vital importancia que te formes como un profesionista íntegro y con todas las herramientas para diseñar y poner en marcha las políticas públicas adecuadas para hacer frente a los grandes retos que nuestro país nos demanda en estos momentos. México necesita grandes líderes, héroes de carne y hueso que con su capacidad y conocimiento puedan superar la crisis que vivimos.